En América Latina hay al menos cuatro personas víctimas de homicidio cada 15 minutos, ante esa inseguridad el Banco Mundial presentará este martes el informe Fin a la violencia en América Latina.
La entidad internacional propondrá una manera innovadora de prevención, que no contempla solamente una aplicación severa de la ley, sino educación y empleo de calidad
El evento que tiene sede en Washington busca demostrar que aunque la prevención comienza desde el nacimiento, hay políticas que pueden tener éxito para los adultos, personas en riesgo y delincuentes.
Un panel de expertos planteará las prácticas mundiales más avanzadas ante la inseguridad. Entre los panelistas está Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, así como Laura Chioda, autora el informe. Otro de los expertos que expondrás sus prácticas y experiencias son Rodrigo Guerrero, ex alcalde de Cali, Colombia; Guadalupe Correa-Cabrera, Profesora de la Universidad de Texas; Eric Olson, director del Programa Latinoamericano del Wilson Center.
También estará Daniel Lederman, jefe adjunto del Banco Mundial para Latinoamérica y Caribe; y Ray Suárez, ex corresponsal y presentador de PBS News Hour como moderador.
FUENTE: Prensa Libre
Última actualización en Martes, 07 Febrero 2017 08:31
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Personal de seguridad requisa dos centros de detención para retomar el control de los espacios y buscar artículos ilícitos que tengan los prisioneros.
Desde las 4 horas de este miércoles un fuerte contingente de guardias de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército requisan el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 y Fraijanes 1.
De acuerdo con el comunicador social de la DGSP, Rudy Esquivel, en la cárcel de la zona 18 requisan el sector 11, donde están recluidos 486 hombres que presuntamente pertenecen a la pandilla del Barrio 18.
Mientras que en Fraijanes 1 revisan a 213 hombres catalogados como de alta peligrosidad, que no pertenecen a pandillas pero están por delitos variados.
“Es un procedimiento que busca la toma de control de los centros de reclusión para que se ponga en acción los nuevos procedimientos de seguridad en las cárceles”, detalló Esquivel sin revelar más detalles de las nuevas medidas protocolarias.
El portavoz afirmó que las acciones se desarrollan desde el 22 de junio de este año en los 21 centros de detención provisional y de cumplimiento de condena para hombres y mujeres, para un total de 228 operativos en las prisiones.
Sorprenden ilícito
Dos menores de 16 y 17 años fueron detenidos afuera del preventivo de la zona 18 por la Subdirección General de Investigación Criminal por la portación de un arma de manera ilegal. Esto ocurrió en la 11 avenida 14-23 Colonia Atlantida, zona 18. Los detenidos estaban en el vehículo con placas P 104BKP. Cuando los agentes los revisaron encontraron en la cintura de uno de ellos el arma.
Mientras que al segundo le localizaron una bolsa plástica con 55 municiones calibre nueve milímetros.
FUENTE: Prensa Libre
Última actualización en Miércoles, 16 Noviembre 2016 09:50
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El Juzgado de Mayor Riesgo B decidió dictar 2 años y 6 meses de prisión a Édgar Barquín, en un proceso abreviado dónde el expresidente del Banguat reconoció ser responsable de tráfico de influencias en el caso Lavado y Política.
El juez Miguel Ángel Gálvez citó a las partes a las 14 horas este viernes y dio a conocer la condena en proceso abreviado en contra de Barquín, donde reconoció su culpabilidad.
Barquín que compitió por la Vicepresidencia de la República en el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), aceptó que alertó y asesoró a Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, para evadir una auditoría de Intendencia de Verificación Especial.
Prensa Libre tuvo acceso a las escuchas telefónicas que según la investigación de la Commisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), vinculan a Édgar y Manuel Barquín, y Jaime Martínez con Chico Dólar en una red de lavado de dinero.
Francisco Edgar Morales Guerra, enfrentará juicio, junto a otras 11 personas, por aparentemente haber lavado dinero para financiar, de manera ilegal, la campaña de la coalición formada por la Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza Nacional en las elecciones del 2011.
Morales Guerra aseguró durante la ampliación de su declaración, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, que desembolsó una suma millonaria de dinero a cambio de no ser investigado; el dinero habría sido requerido por los hermanos Édgar y Manuel Barquín.
FUENTE: Prensa Libre
Última actualización en Viernes, 16 Septiembre 2016 14:59
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Hermano e hijo del mandatario son arraigados por juzgado, son vinculados a caso de corrupción en caso Botín Registro de la Propiedad.
“Estimo que en pocos días vamos a estar solicitando la audiencia ante el órgano contralor para las acciones que correspondan después del análisis y la investigación preliminar que podamos realizar”. Con esas palabras ofrecidas a Guatevisión el miércoles por la noche en Quetzaltenango, la fiscal general, Thelma Aldana, se refirió a los próximos pasos que el Ministerio Público (MP) dará en el caso que involucra a familiares del presidente Jimmy Morales.
El Juzgado para Diligencias Urgentes dictó arraigo contra José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, respectivamente, luego de que lo solicitara el MP. La Fiscal añadió que ya conoce los testimonios que rindieron los citados, además del de “Abdy Sucely Estrada, que es la mamá de quien era novia de Juan Manuel Morales”.
Medida
El arraigo cobró vigencia a las 23 horas del pasado miércoles. El MP investiga si el hijo y el hermano del presidente habrían participado en el caso denominado Botín Registro de la Propiedad.
Prensa Libre informó ayer que el hermano del mandatario reconoció que le hizo “un favor” a su sobrino al conseguirle una factura por Q90 mil del restaurante Fulanos & Menganos, para simular el servicio de 564 desayunos para el Registro General de la Propiedad.
Heinz Hiemann, vocero de la Presidencia, consultado sobre si los familiares del presidente se encontraban en el país, respondió que no podía confirmarlo porque no son funcionarios, pero que los vio en persona el miércoles, “en la tarde-noche”.
Abogado arremete
Gustavo Barreno, abogado defensor de los Morales, afirmó ayer a la agencia EFE que alguien, a quien no identificó, se está “atreviendo a tomar este caso” para “atacar políticamente” al mandatario.
Según EFE, Barreno se quejó de que la Fiscalía no le ha dado acceso a las pruebas contra sus clientes, y enfatizó que el hijo del mandatario tomó la decisión de “dejar de estudiar” en el extranjero.
Análisis
Politólogos consideran que estos hechos debilitan la figura del mandatario ante la opinión pública, al punto de que puede tener problemas más adelante para impulsar alguna iniciativa.
El politólogo José Carlos Sanabria comentó que el arraigo de los familiares del gobernante y la negativa de este a hablar del caso “alimentan y agudizan la crisis que enfrenta, y de alguna forma deberá pronunciarse”.
Rubén Hidalgo, experto en política, afirmó que los señalamientos al círculo más cercano del presidente “no contribuyen a recuperar la credibilidad en los funcionarios públicos”.
Implicación legal
Delito sería fraude o estafa
Fraude podría ser el delito que le imputen al hijo del gobernante y a su hermano, según el abogado penalista David Pineda, quien opina que con la información que la Fiscalía ha proporcionado y las declaraciones que han dado los involucrados, el señalamiento mencionado es una calificación probable para solicitar orden de captura contra ellos.
Para el constitucionalista y penalista Ovidio Orellana se podría tratar de estafa, por la alteración de una factura en la que el comprador era el Estado. El profesional indicó que el hijo del mandatario sería el autor, por haber iniciado la gestión de búsqueda del documento, y el tío sería su cómplice.
Ambos abogados coinciden en que al presidente lo podrían involucrar solo si la investigación determina que tuvo conocimiento cuando ocurrieron los hechos, razón por la cual se solicitaría proceso de antejuicio. Pineda justifica el fraude con que hubo venta sin tener una empresa constituida y autorizada por el Estado, mientras que Orellana insiste en estafa, por la alteración de la factura y la venta de algo que no estaba documentado.
FUENTE: Prensa Libre
Última actualización en Viernes, 16 Septiembre 2016 15:05
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