CICIG recibe espaldarazo de arzobispo Vian Morales
En medio de una batalla legal y de declaraciones en contra de las investigaciones que efectúa, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) recibió ayer el respaldo del arzobispo metropolitano, Óscar Julio Vian, quien resaltó la importancia de la búsqueda de justicia, coincidente cuando el comisionado Iván Velásquez entre los fieles.
El arzobispo Vian instó ayer a no cesar las acciones en favor de la búsqueda de justicia.Al finalizar la misa, el religioso resaltó: “No solo hay hambre de pan, también de justicia y de paz, hambre de trabajo, de salud, todo aquello que la gente necesita y no se le da”.
El clamor popular debe continuar para satisfacer esas demandas”, instó.
Según Vian, se reunió la semana recién pasada con Velásquez, quien le manifestó el deseo de asistir a la misa dominical en la Catedral Metropolitana
El mensaje llega luego de una semana en la que el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) hizo una vigilia para manifestar su rechazo a las investigaciones de esa comisión contra los diputados Baudilio Hichos, Luis Chávez, Mirza Arreaga, Mario Rivera, Mario Yanes, Manuel Barquín y Jaime Martínez y el vicepresidenciable Édgar Barquín.
En contraparte, diversos sectores políticos y sociales dieron su respaldo a la entidad internacional y exigieron celeridad en el trámite de ocho antejuicios contra políticos, en el Organismo Judicial (OJ).
“Si bien el Ministerio Público cumple con tramitar los procesos para desmantelar las redes de corrupción, el OJ tiene una presa de antejuicios que no siguen su curso”, dijo la analista Carmen Aída Ibarra, en alusión al mensaje del comisionado y al apoyo implícito mostrado ayer por el jerarca católico.
Este retraso redunda en que estos políticos no puedan seguir siendo investigados.
En misa
Velásquez llegó ayer vestido con una franela a cuadros y pantalón de lona, y su presencia hubiera pasado desapercibida de no ser porque periodistas y fotógrafos buscaban el mejor lugar para estar cerca del colombiano.
El comisionado participó de la misa y al final observó una exposición floral adentro del templo, para finalmente salir por una puerta lateral y abordar su vehículo, estacionado frente al Palacio Arzobispal. No ofreció declaraciones a la prensa. Durante el ritual de la paz, Velásquez se volteó hacia doña Agueda de Chile, de 71 años, quien escuchaba la misa a su lado, y la estrechó de manera delicada.
De Chile es trabajadora doméstica y cuando se le preguntó quién le había dado el abrazo de la paz respondió con una sonrisa: “¡nuestro Señor Jesucristo!”. Al preguntarle si sabía quién era el hombre que la abrazó, dijo: “Un hermano”.
FUENTE: Prensa Libre
Última actualización en Lunes, 27 Julio 2015 10:21
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Denuncian fraude y coacción de sindicato de Salud
En medio de amenaza de paro en hospitales públicos y bloqueos de carreteras para este lunes, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso presentó ayer en el Ministerio Público una denuncia penal en contra del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, y Luis Lara, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, por el posible fraude en el pago de honorarios por Q20.6 millones por negociación de un pacto colectivo.
Además, el documento al que tuvo acceso Prensa Libre solicita al MP investigar posible enriquecimiento ilícito, cobro ilegal de comisiones y acciones de extorsión y coacción de parte de líderes sindicales hacia funcionarios de la cartera de Salud, bajo amenazas de paralizar servicios a los pacientes a partir de hoy.
Además de esta acción penal, el 21 de julio recién pasado Monterroso denunció en el Ministerio de Trabajo el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 2013-2015, lo que obligará a las partes a negociar un acuerdo diferente.
Posibles delitos
La denuncia presentada en la Fiscalía contra la Corrupción del MP está vinculada con la suscripción del Pacto Colectivo 2013-2015 entre las partes.
Según el oficio presentado, Villavicencio y Lara habrían cometido varios delitos al firmar un pacto lesivo a los intereses del Ministerio de Salud. Uno de ellos se refiere al establecimiento de un arancel del 10 por ciento para el pago de servicios profesionales de Franco López, por Q24 millones.
El 18 de febrero del 2014, Franco López —que asesoró el pacto colectivo vigente— recibió del Ministerio de Salud un desembolso de Q7 millones, y el segundo pago se hizo efectivo el 4 de julio de ese año, por lo que suma Q14 millones.
Las transferencias fueron autorizadas por Villavicencio cuando fue ministro de Salud.
En el Pacto se acordó que el 7 por ciento vendrían de recursos del Ministerio, y el 3 por ciento restante sería cubierto por cada trabajador, al aplicarles un descuento directo al salario, para pagarle al profesional. Parte de los pagos —Q6.4 millones— se hizo a través de las cuentas del sindicato.
Coacción y chantaje
Además de la investigación sobre el movimiento financiero, Monterroso denuncia en el MP que, con amenazas de paralizar el sistema nacional de Salud, los dirigentes sindicales le exigen la reinstalación de 28 trabajadores que fueron destituidos por haber cometido faltas administrativas que incluyen desde robo de medicamentos y tráfico de influencias hasta intento de violación a la madre de un paciente en el hospital de Amatitlán.
Además revela presiones para que se paguen viáticos con agilidad a los líderes sindicales y para que firme la derogación del acuerdo ministerial 136-2015, sobre unidades de control interno o auditoría. Monterroso pide al MP que aperciba y encamine acciones para evitar el chantaje y coacción que lleven a la paralización de los servicios de salud en todo el país.
Carlos Sanabria, líder sindical del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio, de Chiquimula, dijo ayer por la tarde que a partir de hoy, a las 6 horas, tomarían las instalaciones y que solo atenderían emergencias.
El sindicalista justificó la acción con la falta de pago a empleados y la reciente contratación de policías privados para resguardar el hospital.
Obliga a negociar
El pacto laboral firmado en el 2013 fue aplaudido por el presidente Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. El 15 de octubre de ese año, en un acto protocolario efectuado en el Hospital General San Juan de Dios, los mandatarios y el entonces ministro de Trabajo, Carlos Contreras, entregaron al dirigente Luis Lara el mencionado pacto. En esa ocasión, el representante salubrista llamó a Pérez Molina “presidente amigo”.
Casi 21 meses después, el actual ministro de Salud denunció el Pacto Colectivo en la cartera de Trabajo, lo que permite que al vencerse, el próximo 12 de septiembre, se deban negociar nuevas condiciones. El pacto laboral de Salud es el único de los contratos entre trabajadores y el Estado que incluye una cláusula para denunciar el documento un mes antes de que se venza, y permite volver a la mesa de negociación.
FUENTE: Prensa Libre
Según Monterroso, el acuerdo actual pone en riesgo al sistema de Salud. Cumplir con los acuerdos significa erogar Q1 mil 832.6 millones en medio de la mayor crisis financiera, que ha causado carencias en todos los hospitales y centros de Salud.
Última actualización en Lunes, 27 Julio 2015 09:45
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Denuncian fraude y coacción de sindicato de Salud
En medio de amenaza de paro en hospitales públicos y bloqueos de carreteras para este lunes, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso presentó ayer en el Ministerio Público una denuncia penal en contra del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, y Luis Lara, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, por el posible fraude en el pago de honorarios por Q20.6 millones por negociación de un pacto colectivo.
Además, el documento al que tuvo acceso Prensa Libre solicita al MP investigar posible enriquecimiento ilícito, cobro ilegal de comisiones y acciones de extorsión y coacción de parte de líderes sindicales hacia funcionarios de la cartera de Salud, bajo amenazas de paralizar servicios a los pacientes a partir de hoy.
Además de esta acción penal, el 21 de julio recién pasado Monterroso denunció en el Ministerio de Trabajo el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 2013-2015, lo que obligará a las partes a negociar un acuerdo diferente.
Posibles delitos
La denuncia presentada en la Fiscalía contra la Corrupción del MP está vinculada con la suscripción del Pacto Colectivo 2013-2015 entre las partes.
Según el oficio presentado, Villavicencio y Lara habrían cometido varios delitos al firmar un pacto lesivo a los intereses del Ministerio de Salud. Uno de ellos se refiere al establecimiento de un arancel del 10 por ciento para el pago de servicios profesionales de Franco López, por Q24 millones.
El 18 de febrero del 2014, Franco López —que asesoró el pacto colectivo vigente— recibió del Ministerio de Salud un desembolso de Q7 millones, y el segundo pago se hizo efectivo el 4 de julio de ese año, por lo que suma Q14 millones.
Las transferencias fueron autorizadas por Villavicencio cuando fue ministro de Salud.
En el Pacto se acordó que el 7 por ciento vendrían de recursos del Ministerio, y el 3 por ciento restante sería cubierto por cada trabajador, al aplicarles un descuento directo al salario, para pagarle al profesional. Parte de los pagos —Q6.4 millones— se hizo a través de las cuentas del sindicato.
Coacción y chantaje
Además de la investigación sobre el movimiento financiero, Monterroso denuncia en el MP que, con amenazas de paralizar el sistema nacional de Salud, los dirigentes sindicales le exigen la reinstalación de 28 trabajadores que fueron destituidos por haber cometido faltas administrativas que incluyen desde robo de medicamentos y tráfico de influencias hasta intento de violación a la madre de un paciente en el hospital de Amatitlán.
Además revela presiones para que se paguen viáticos con agilidad a los líderes sindicales y para que firme la derogación del acuerdo ministerial 136-2015, sobre unidades de control interno o auditoría. Monterroso pide al MP que aperciba y encamine acciones para evitar el chantaje y coacción que lleven a la paralización de los servicios de salud en todo el país.
Carlos Sanabria, líder sindical del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio, de Chiquimula, dijo ayer por la tarde que a partir de hoy, a las 6 horas, tomarían las instalaciones y que solo atenderían emergencias.
El sindicalista justificó la acción con la falta de pago a empleados y la reciente contratación de policías privados para resguardar el hospital.
Obliga a negociar
El pacto laboral firmado en el 2013 fue aplaudido por el presidente Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. El 15 de octubre de ese año, en un acto protocolario efectuado en el Hospital General San Juan de Dios, los mandatarios y el entonces ministro de Trabajo, Carlos Contreras, entregaron al dirigente Luis Lara el mencionado pacto. En esa ocasión, el representante salubrista llamó a Pérez Molina “presidente amigo”.
Casi 21 meses después, el actual ministro de Salud denunció el Pacto Colectivo en la cartera de Trabajo, lo que permite que al vencerse, el próximo 12 de septiembre, se deban negociar nuevas condiciones. El pacto laboral de Salud es el único de los contratos entre trabajadores y el Estado que incluye una cláusula para denunciar el documento un mes antes de que se venza, y permite volver a la mesa de negociación.
FUENTE: Prensa Libre
Según Monterroso, el acuerdo actual pone en riesgo al sistema de Salud. Cumplir con los acuerdos significa erogar Q1 mil 832.6 millones en medio de la mayor crisis financiera, que ha causado carencias en todos los hospitales y centros de Salud.
Última actualización en Lunes, 27 Julio 2015 09:44
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Surge polémica por candidaturas
A un día para que se cierre el proceso de inscripción de candidatos en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) surgen varias candidaturas polémicas que podrían tener algún impedimento según el artículo 113 constitucional.
Ese artículo se refiere a que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
Algunos señalados
Los candidatos a puestos de elección popular Julia Maldonado, Salvador Gándara, Baudilio Hichos y Alfonso Portillo podrían quedar fuera de la contienda electoral, tomando en cuenta que muchos de ellos no llenaría los referidos méritos.
A pesar de que Maldonado obtuvo su finiquito por la vía del amparo, su candidatura podría ser revocada si se revierte la acción otorgada por la Corte de Constitucionalidad.
Maldonado busca la reelección como diputada por Libertad Democrática Renovada (Líder) y tiene un proceso penal en su contra por peculado, debido a que supuestamente utilizó para su beneficio Q3.4 millones cuando era directora del Consejo Nacional de la Juventud en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza.
A Portillo se le vedaría su inscripción como candidato a diputado por el Listado Nacional por parte de la agrupación Todos debido a que él ya se declaró culpable de haber recibido soborno y fue condenado por conspiración para el lavado de dinero en Estados Unidos.
Mientras que Hichos, diputado por Chiquimula, quien busca la reelección por Líder, fue denunciado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público de asociarse para beneficiarse de una cotización irregular por Q2 millones con una clínica del Seguro Social en ese departamento. Aparte, el exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara, busca la vara edilicia del referido municipio por la alianza partidaria Creo-Unionista.
El TSE anunció recientemente que no aceptará candidaturas de personas con finiquitos razonados con anotación judicial.
Candidatura de Arzú
La polémica por la que al alcalde capitalino Álvaro Arzú se le debería rechazar su inscripción en el TSE para buscar un nuevo período en el cargo es que al cumplir 70 años debe renuncia al Concejo Municipal y este determinar si acepta o no la dimisión, según el artículo 46 del Código Municipal.
Salvador Gándara
El exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva tiene pendiente dilucidar algunos señalamientos, como la remodelación de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2.
Julia Maldonado
La diputada por Libertad Democrática Renovada (Líder), quien busca la reelección, tiene un proceso penal debido a que supuestamente utilizó para su beneficio Q3.4 millones.
Alfonso Portillo
El expresidente fue declarado inocente del desvió de Q120 millones del Ejército pero se declaró culpable en EE. UU. de haber recibido soborno del Gobierno de Taiwán.
Baudilio Hichos
Diputado por Chiquimula de Líder busca la reelección, pero fue denunciado por la Cicig y el MP por asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude en un caso del Seguro Social.
Investigan funcionarios
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha anunciado que mantiene investigaciones contra más funcionarios; sin embargo, aún no se han revelado más nombres de los posibles señalados. En las últimas semanas, la entidad internacional ha destapado varios casos de corrupción que han alcanzado a altos funcionarios del Gobierno.
Además, la Corte de Constitucionalidad mantiene engavetado el antejuicio contra el diputado Gudy Rivera, quien fue señalado de tráfico de influencias por la misma Cicig en el caso del nombramiento de magistrados para Salas de Apelaciones por parte del Congreso.
FUENTE: Prensa Libre
Última actualización en Lunes, 06 Julio 2015 09:54
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