Radio Guacamaya 98.1 FM Petén Guatemala

Juan Carlos Monzón tiene una orden de captura vigente por los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita.

Durante casi una hora, el jefe de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, resumió la investigación que durante casi un año desarrollaron junto al Ministerio Público (MP), y que los llevó a develar una estructura que cobraba sobornos a los importadores a cambio de evadir el pago de tributos en las principales aduanas portuarias del país.

La estructura, denominada La Línea, cobraba entre Q20 mil y Q100 mil por permitir el ingreso de contenedores sin el pago de los impuestos correspondientes. La CICIG documentó conversaciones telefónicas, comunicaciones electrónicas y reuniones que sostienen la imputación en contra de los 21 detenidos hasta el cierre de esta edición. “No dependemos de un solo testimonio”, dijo el comisionado Velásquez en conferencia de prensa junto a fiscales del MP y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

La red estaba estratificada en tres capas, según explicó Velásquez: En la base se ubica a tramitadores y vistas de aduanas. En la mitad, a los mandos medios y altos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) –como el ex superintendente Carlos Muñoz y el actual jefe de la SAT, Omar Franco, y los administradores de las aduanas en Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla– que respondían a una cúpula de actores externos con tal incidencia política, que lograron que el presidente Otto Pérez nombrara a Franco.

En la cúspide figura el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, el presidente del diario Siglo 21, Salvador Estuardo González y Francisco Javier Ortiz Arriaga, conocido como el Teniente Jerez desde su participación con la red Moreno dedicada al contrabando en la década de los noventa.

El monto de la defraudación aún no ha sido determinado, pero en una semana un miembro de la red podía llegar a obtener hasta Q2.5 millones, indicó Velásquez.

La investigación comenzó a partir de la ausencia de denuncias de defraudación aduanera durante dos años y del caso “furgones”, en el que se determinó que entre 2011 y 2012 un grupo de tramitadores facilitaba a los importadores un número telefónico para que se comunicaran a La Línea, como se autodenominó la estructura, según Velásquez.

soborno a cambio de rebaja

El grupo criminal alteró los procedimientos normales de revisión y ajuste de impuestos establecidos en las aduanas. Entre mayo de 2014 y febrero 2015, al menos 500 contenedores pasaron por esta estructura, explicó Velásquez. Cuando el contenedor era objeto de la verificación aleatoria –conocido como semáforo en rojo– en lugar de seguir el procedimiento y señalar que no se estaba declarando lo que correspondía, intervenía La Línea.

Mediante una llamada telefónica, se definía el valor del impuesto que debía pagar el contenedor, pero también el monto del soborno o “cola”. En ocasiones, el pago se efectuaba con depósitos a cuentas bancarias. Con ese mecanismo, los importadores pagaban entre un 30 y 40 por ciento menos de lo establecido.En la segunda etapa de las pesquisas, entre octubre de 2014 y enero de 2015, (que coincide con el nombramiento de Franco como jefe de la SAT) se detectó la incursión de el Teniente Jerez en la capa media del grupo.

“El negocio estaba ya tan grande que necesitaban de tanta experiencia, pues él mismo (Ortiz Arriaga) afirma que tiene una experiencia de mas de 18 años; es que yo no soy nuevo en eso, son más de 18 años trabajando en la defraudación aduanera”, dijo en una de las llamadas interceptadas, explicó Velásquez.

El comisionado detalló que Giovanni Marroquín Navas, quien sin ejercer realmente un poder, era el enlace de comunicación entre la estructura superior que pretende estar ajena y oculta, y la estructura media que es la que da la cara a toda la otra estructura corrupta.

El dinero que captaban de los sobornos se distribuía en efectivo o por medio de cuentas bancarias. Ortiz Arriaga tenía como responsable a Roberto Antonio Ramírez de Paz para manejar las exacciones que obtenían de Puerto Quetzal y Aduana Central; y a Jorge Alfredo Guillén Sagastume, para los ingresos ilícitos de puerto Santo Tomás de Castilla.

El dinero se depositaba en una cuenta bancaria a nombre de Corpogold, que pertenece a la Company Gold S.A., representada por Delfino de Jesús Morataya Coloma, empleado y conductor de Ortiz.

Según las pesquisas, los miembros de la estructura se repartían las ganancias en “la oficinita” ubicada en la Boutique Emilio, en la zona 10 capitalina, propiedad de Luis Mendizábal.

Por la tarde, un camión de valores trasladó de ese negocio decenas de fajos de billetes de Q100 y Q200 a un resguardo judicial. En total se incautaron Q5 millones en cinco inmuebles, según el MP.

En las manos de Marta Sierra

No menos de 45 órdenes de aprehensión contra los miembros de la estructura fueron giradas por la titular del Juzgado Octavo de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling.

La juzgadora definirá el futuro de este caso. Hoy empezará a escuchar a las 20 personas capturadas ayer y podría resolver ligarlas a proceso, y enviarlas a prisión preventiva.

Sierra de Stalling es la hermana de José Arturo Sierra, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Constitucionalidad.

La jueza participó en la pasada contienda por las magistraturas de la CSJ y Salas de Apelaciones, pero fue excluida al inicio del proceso.

Una mafia que inició en la década de los setenta

En noviembre de 2002, Jose Rubén Zamora publicó un reportaje denominado ‘La mafia y el Ejército’, en donde da a conocer que la estructura de contrabando fue creada a finales de la década de los setenta con propósitos contrainsurgentes.

Posteriormente, la organización paralela al Ministerio de Finanzas Públicas amplió sus tentáculos y penetró en otras instituciones clave del Estado para dedicarse al contrabando, robo de furgones de café, narcotráfico, tráfico de ilegales, robo de vehículos, secuestros y asaltos a bancos, entre otras actividades ilícitas.

La organización criminal se ha mantenido intacta por más de cuatro décadas. Ha sobrevivido y superado con éxito dos golpes de Estado, tres intentos fallidos de golpes de Estado, una Asamblea Nacional Constituyente, cinco elecciones generales, dos consultas populares, la depuración del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia. De esta forma han operado con impunidad durante los gobiernos de Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía Víctores, Vinicio Cerezo, Jorge Serrano y continuaron operando con total impunidad durante los siguientes periodos gubernamentales. Su poder se intensificó durante el gobierno de Alfonso Portillo y se afianzó cuando tomó posesión el militar Otto Pérez Molina.

Zamora señalaba a miembros de la cúpula militar como sus principales líderes, quienes utilizaron el soporte, poder e infraestructura que proporciona la jefatura del Estado Mayor del Ejército, la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia y el Estado Mayor Presidencial.

Durante el gobierno de Álvaro Arzú, fue capturado Alfredo Moreno (fallecido), uno de los principales testaferros de la red delincuencial. Moreno fue condenado a una pena leve, pero los principales cabecillas permanecen en la impunidad.

Durante ese periodo fueron dados de baja del Ejército los tenientes coroneles Jacobo Esdrás Salán Sánchez, Rolando Augusto Díaz Barrios, Juan Oliva Carrera, Luis Alvarado Batres y el mayor Napoleón Rojas Méndez. Roberto Letona Hora y el general Francisco Ortega Menaldo se retiraron luego de que circularan fotografías comprometedoras entre ambos y Moreno y otros delincuentes, incluido el expresidente Alfonso Portillo, quien fue señalado de recibir dinero de la red criminal por sus servicios como analista político.

La publicación del reportaje tuvo como consecuencia el allanamiento a la vivienda de Zamora, quien permaneció junto a su familia secuestrado por varias horas. Miembros del Estado Mayor Presidencial y del Ministerio Público simularon la muerte de Zamora en tres ocasiones.

FUENTE: El Periodico

Ayer arrancó una campaña masiva de empadronamiento en los principales centros comerciales de la capital.

Confiado en el tiempo y que los recursos, Q7 millones, serán suficientes, el presidente del TSE, Rudy Marlon Pineda, inauguró ayer un módulo de empadronamiento en la planta baja del centro comercial Tikal Futura, zona 11, uno de los diez lugares que fueron seleccionados para dicho propósito.Con el acto quedó oficializado el Plan de Inscripción y Actualización de Datos Urbano y Rural, Elecciones Generales 2015.

Las jornadas masivas de empadronamiento tendrían que haber comenzado en febrero pasado, pero, por falta de recursos, el Tribunal se vio obligado a retardar estas actividades. En un principio se proyectaron Q14 millones, pero la suma se redujo a la mitad. “Estamos en tiempo y con los fondos que no fueron asignados podemos cubrirlo”, afirmó Pineda.

De acuerdo con el funcionario, a la fecha existen 2 millones 400 mil guatemaltecos que poseen Documento Personal de Identificación (DPI), pero todavía no han tramitado el empadronamiento.

Para Pineda, con la inauguración de las campañas masivas de empadronamiento “está tomando forma” el proceso electoral.

“Aunque la función del Registro y Empadronamiento de Ciudadanos es una actividad permanente del TSE, ahora ampliamos las jornadas especiales y de esta manera abrimos más oportunidades para que ninguna persona se quede fuera”, dijo el presidente del Tribunal.

El funcionario explicó que el empadronamiento es el trámite que todo guatemalteco debe realizar en el TSE al cumplir la mayoría de edad. “De esta forma se hace efectiva la ciudadanía y se puede ejercer plenamente el derecho que como ciudadano se tiene”, añadió.

En las siguientes semanas, el TSE ampliará la cobertura a distintos puntos de la provincia, aseguró el funcionario.

Dónde ir

El presidente del Tribunal señaló que otros puestos de empadronamiento comenzarán a funcionar a partir de hoy en: Peri-Roosevelt, el centro comercial de la Zona 4, Próceres, Montúfar, Mega 6, Real del Parque y Novicentro zona 5 y zona 11.

También abrirán en la Municipalidad de Guatemala, las minimunis localizadas en Galerías Primma y la Plaza Atanasio Tzul, en la oficina central del Renap ubicada en el edificio Cortijo Reforma, en Metronorte y Galerías del Sur. Así como en la Alcaldía Auxiliar de la zona 11 y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El TSE registró a febrero último 7 millones 593 mil 519 personas listas para votar, de las cuales, 5 millones 704 mil 527 son alfabetas y 1 millón 888 mil 992 no sabe leer ni escribir.

Por los jóvenes

Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), consideró necesario incentivar en este caso a los jóvenes a votar. “Va a depender mucho de la información que se difunda y la forma como se realicen estas campañas. Se debe alentar al empadronamiento en todos los medios de comunicación masiva y en las redes sociales”, dijo la experta.

Para Zelaya es grande el reto que enfrenta el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Debe hacer mucho esfuerzo para que 2.4 millones de personas hagan ese trámite”.

FUENTE: Prensa Libre

La Corte de Constitucionalidad suspensión provisionalmente del Acuerdo Gubernativo 285-2014, emitido por el presidente Otto Pérez Molina con relación al terreno que había otorgado al Instituto Guatemalteco de Turismo para la construcción del Museo Maya en la zona 13, y que fue impugnado por la Asociación de Artesanos y Arrendatarios del Mercado de Artesanías.

El área del terreno está ubicado frente al Museo del Niño y a un costado de la Alianza Francesa, en la zona 13.

Museo Maya

El megaproyecto que se espera se convierta en el corazón de las exposiciones del Mundo Maya tendrá una inversión de US$60 millones.

El proyecto consta de 55 mil metros cuadrados, que albergará el museo maya y a un costado será construido el nuevo mercado de artesanías, con más de mil cien metros en el área de locales.

Impugnan

La Asociación impugnó el Acuerdo Gubernativo, antes mencionado al argumentar que era inconstitucional y fue aprobado el 28 de agosto del 2014 y publicado en el Diario de Centro América el 9 de septiembre del mismo año.

A partir de la publicación, el gobernante tiene 15 días una audiencia pública en un plazo de 15 días para presentar sus argumentos.

El Acuerdo 285-2014 modificaba el artículo 2 del acuerdo gubernativo 3673, publicado el 15 de noviembre del 1973.

FUENTE: Prensa Libre