El Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de antejuicio en contra de ocho diputados oficialistas, seis disidentes de Líder y dos de la UNE, por tráfico de influencias y discriminación, entre otros delitos.

 

 

La Fiscalía explicó que se solicita los antejuicios por actos ilegales en contra de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, durante una citación parlamentaria el pasado martes 5 de abril.

 

El Ministerio Público informó que se tiene conocimiento que hubo irregularidades en el proceso de citación, según lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso, y Ventura no fue citada ni por una Comisión ni un bloque legislativo, sino por escrito y verbalmente por dos diputados.

 

Los congresistas contra quienes se solicitó el antejuicio son:

 

Juan Manuel Giordano Grajeda, disidente de Líder.

Óscar Rolando Corleto Rivera, disidente de Líder.

Laura Alicia Franco Aguirre, disidente de Líder.

Byron Juventino Chachón Ardón, disidente de Líder.

Julio Antonio Juárez Ramírez, disidente de Líder.

Édgar Eduardo Montepeque, disidente de Líder.

Rudy Berner Pereira Delgado, disidente de la UNE.

Ferdy Ramón Elías Velásquez, disidente de la UNE.

 

Los hechos

Según la denuncia recibida por el Ministerio Público por la gobernadora de Alta Verapaz, el 30 de marzo fue citada vía telefónica por el diputado oficialista de ese distrito, Óscar Corleto, sin embargo no se presentó la funcionaria.

 

Ese mismo día a través de una llamada telefónica, el diputado Juan Manuel Giordano, citó a la gobernadora y su asesor, para el 5 de abril, secundado por Corleto que lo hizo por escrito, para el mismo día.

 

Según consta en el MP, la gobernadora habría acudido a la cita ese martes y desde que entró al salón de la bancada FCN-Nación, donde habían unos 20 diputados, comenzó el "mal trato, gritos y ofensas".

 

Giordano habría expulsado del salón a Homero Gatica, asesor de la gobernadora, porque no llevaba el nombramiento que acreditaba su cargo, en ese momento habría quedado solo la funcionaria y los diputados oficialistas.

 

El MP consignó en la denuncia que al quedar sola la gobernadora con los diputados, estos le gritaron que "ellos mandaban" y "que ella tenía que obedecer las órdenes de los diputados de Alta Verapaz", además se informó por la fiscalía que se le solicitó a Ventura cambiar a los integrantes del Consejo de Desarrollo Departamental.

 

Se le habría ordenado a la gobernadora que dejara el control del Consejo de Desarrollo al diputado Giordano, a lo que se habría negado la funcionaria porque "la que firmaba era ella", respuesta que le habría valido a Ventura para que se le gritara "india estúpida, así se ha hecho, así se hace y así se hará", informó el MP.

 

"Es un show"

El diputado Corleto calificó el proceso de antejuicio como un "show" de la gobernadora, con un trasfondo político.

 

"Lo único que hay es una grabación de lo que dije (...) para mí la reunión fue cordial, ella se puso nerviosa cuando se sale el que supuestamente es su asesor -Homero Gatica-. Lo que veo es que son intereses, acuérdense que fue candidata a diputada y puede ser, para mí, que está montando un show", dijo Corleto, recordando que Ventura se postuló para diputada por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng).

 

El diputado Ruy Pereira sobre el proceso de antejuicio solicitada en su contra dijo que no estuvo en esa reunión, por lo que desconoce qué pasó durante la misma. El jefe de la bancada Javier Hernández, evitó cualquier comentario sobre el tema, resaltando que es un proceso legal del que se desconocen detalles.

 

Posibles delitos

El MP solicitó el antejuicio en contra de los ocho diputados oficialistas por cuatro delitos tipificados en el Código Penal:

 

Abuso de Autoridad, artículo 418:

 

El funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare de apremios ilegítimos o innecesarios.

 

Discriminación, artículo 202 bis:

Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.

 

Quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de quinientos a tres mil quetzales.

 

La pena se agravará en una tercera parte si el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.

 

Concusión, artículo 449:

1. El funcionario o empleado público que, directa o indirectamente o por actos simulados, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo. Esta disposición es aplicable a los árbitros, peritos, contadores, tutores, albaceas y síndicos, con respecto a las funciones que como tales desempeñen.

 

2. El funcionario o empleado público que, con propósito de lucro, interponga su influencia para obtener una resolución de cualquier autoridad, o dictamen que debe pronunciarse ante la misma.

Los responsables serán sancionados con prisión de uno a tres años y multa de trescientos a tres mil quetzales.

 

Tráfico de influencias, artículo 449 bis:

Comete delito de tráfico de influencias la persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero.

 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial.

 

Si el funcionario o empleado público que esté conociendo, deba conocer o resolver el asunto, es un funcionario o empleado de la administración de justicia, se impondrá el doble de la pena."

 

FUENTE: Prensa Libre

 

Autoridades de la Mina Marlin, en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, informaron este jueves que ocurrió un derrumbe en uno de los túneles, en el cual preliminarmente se desconoce si personal quedó atrapado.

 

 

Julio Mérida, gerente general de la referida empresa, explicó que luego del accidente se activaron los protocolos de seguridad, por lo que integrantes de la brigada de prevención de la mina fueron enviados al lugar del derrumbe.

 

Agregó que no se ha podido dimensionar la longitud y ancho del accidente geológico, pero que se trabaja para establecerlo y recabar los pormenores.

 

Además, dijo que se averigua, mediante controles de ingreso de personal, si es posible que a la hora del derrumbe hubiera trabajadores en el túnel.

 

 

Se conoce que personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) han sido enviados al lugar para coordinar las operaciones de rescate que fueran necesarias en caso hubiera personal atrapado. Autoridades de Conred indicaron que la mina tiene personal que ha sido capacitado para responder en ese tipo de accidentes y que la institución envió personal para apoyo.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), examinará la información revelada en una filtración de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, informó el jefe de la entidad Iván Velásquez.

 

 

“Vamos a examinar y a buscar la información y naturalmente de lo que de allí pueda derivarse para una actividad de la Cicig con el Ministerio Público seguramente que lo haremos” , respondió escuetamente el comisionado al ser cuestionado por periodistas sobre los “Los Papeles de Panamá”

 

Medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) , filtraron unos 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios.

 

Entre ellos figura el caso de los guatemaltecos Marllory Chacón, condenada en Estados Unidos por narcotráfico, y el abogado Francisco Palomo, ya fallecido, según destaca la prensa de Guatemala.

 

“Vamos a buscar la información” porque “naturalmente parece que en la forma que ha sido conocido, es por una actividad, digámoslo, ilegal” , dijo el jefe de la Cicig luego de participar en un acto cívico en el Ministerio de Educación.

El ente de las Naciones Unidas se instaló en Guatemala en 2007 con el fin de contribuir al combate de la corrupción y la impunidad en el país.

 

Las investigaciones de la Cicig junto al Ministerio Público tienen en prisión preventiva, entre otros, al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de dirigir la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

 

FUENTE: Prensa Libre

Sesenta y siete días de gobierno han sido suficientes para que supuestamente el crimen organizado busque infiltrarse de nuevo en el Ejecutivo.

 

 

El presidente de la República, Jimmy Morales, denunció ayer un plan de desestabilización y prometió dar a conocer a los responsables en breve.

 

Por ahora identifica como “el crimen organizado” al autor de los hechos de violencia que han acaparado la atención de la población e infundido temor por la crueldad mostrada.

“Todo esto se está dando por algo... y es porque no hemos dado paso a que grupos criminales se incorporen como se hacia anteriormente a nuestras instancias de gobierno”, afirmó el mandatario, luego de haber inaugurado el plan de prevención en Semana Santa, en Puerto San José. El presidente se mostró ayer sereno y alejado de la actitud de choque mostrada en las últimas semanas, al ser consultado por la prensa sobre la inseguridad.

“No reconocer los problemas de inseguridad sería tapar el sol con un dedo. Pero insisto que esto no es un problema de un solo día, sino que es un problema que nos ha tenido catalogados como uno de los tres países más violentos de Latinoamerica”, añadió.

 

Responsables

Morales estuvo acompañado de los ministros de Gobernación, Francisco Rivas, y de la Defensa, Williams Mansilla.

 

“En su momento estaremos dando —a conocer— cada una de las situaciones que se han descubierto y poniendo a disposición de los tribunales a las personas, con pruebas contundentes, que son los responsables de los hechos criminales que han sucedido”, advirtió.

 

Morales agregó que desde el primer ataque con explosivos al transporte público, el 6 de marzo, se han desarticulado por lo menos cuatro atentados. El presidente dio públicamente su apoyo al ministro de Gobernación, porque considera que hace un buen trabajo.

 

El pronunciamiento en favor del ministro ocurre luego de que analistas cuestionaron el apoyo real hacia un funcionario que proviene del círculo cercano de la fiscal general, Thelma Aldana, quien desde el Ministerio Público ha promovido acciones contra la impunidad y la corrupción.

 

Insiste en pandillas

El ministro de Gobernación afirmó que la violencia reciente “es generada sobre todo por pandillas”, y aseguró que en los próximos días harán públicos los resultados de las investigaciones.

 

Nery Ramos, director de la Policía Nacional Civil (PNC), comentó que el clima de violencia es una reacción natural de las estructuras criminales, luego de la desarticulación y golpes de parte del Estado a objetivos estratégicos.

Agregó que el Estado es capaz y trabaja en evidenciar a los autores materiales e intelectuales que están detrás los hechos.

FUENTE: PRENSA LIBRE