La Encuesta Libre hecha por Prodatos, por encargo de Prensa Libre y que se publica hoy en detalle en la edición impresa, registra que sin importar edad, condición social, género o ubicación geográfica, más del 65 por ciento de la población confía en la Cicig.

Cuatro meses han bastado para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) devuelva la confianza a los guatemaltecos en que se pueden hacer investigaciones serias y demostrar que la corrupción tiene decenas de rostros.

La Cicig supera en este indicador a iglesias, algunos medios de comunicación, maestros y el Ejército, instituciones cuyo índice de confianza está entre 50 y 64 por ciento. Entre las entidades que tienen la confianza media de los guatemaltecos (entre 32 y 40 por ciento) están alcaldes, líderes comunitarios y el Tribunal Supremo Electoral.

Entre los que menos confianza generan (entre 11 y 29 por ciento) están empresarios, la Policía, el Organismo Judicial, partidos políticos, diputados y la Presidencia.

Polémica por Cicig

En marzo de este año, líderes de opinión de la sociedad civil, el gobierno de Otto Pérez Molina y miembros del sector justicia debatían sobre la ampliación del mandato de la Cicig. La discusión que había comenzado casi un año antes, estuvo acompañada, y algunas veces presionada, por la comunidad internacional, que según la Encuesta Libre es la institución que más creció en la confianza de los guatemaltecos entrevistados entre el 27 de julio y el 2 de agosto del año 2015.

Según los datos, en abril de 2014 la confianza en la comunidad internacional se ubicaba en 35 por ciento. En agosto de 2015, este índice creció al 40 por ciento. La presencia de la diplomacia ha sido evidente este año durante la discusión sobre la continuidad de Cicig. Embajadores de la Unión Europea manifestaron abiertamente su interés en que el mandato fuera ampliado hasta 2017 y fue claro el apoyo al jefe de Cicig, el colombiano Iván Velásquez Gómez. En esa ocasión el país recibió la visita del vicepresidente de EE. UU., Joe Biden, quien reiteró el interés de su país en que Cicig continuara.

También la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos respaldó el trabajo de la Comisión. “Creemos firmemente que tener una organización independiente es el camino correcto para ayudar a Guatemala a contrarrestar el crimen organizado y fortalecer el sistema de justicia criminal”, decía la misiva enviada al mandatario por los miembros de la comisión Eliot Engel, Edward Royce, Albio Sires y Jeff Duncan el 24 de marzo de 2015.

En las últimas semanas, el pronunciamiento de las delegaciones diplomáticas ha continuado, lideradas ahora por el embajador de EE. UU. Todd Robinson quien se ha manifestado en las redes sociales con un tono más cercano a la población, respecto del combate de la corrupción y el papel del Organismo Judicial y la Cicig.

En el extremo negativo del índice de confianza se ubica la Presidencia, que está entre las que más redujo aceptación. En este rubro también se ubica el Ejército, que históricamente en la Encuesta Libre mantenía niveles de confianza estable. Le acompañan alcaldes, sindicalistas y líderes comunitarios.

Dardo al corazón

Además del índice de confianza en las instituciones, la Encuesta Libre midió el nivel de conocimiento sobre la Cicig entre los guatemaltecos, así como el de aprobación del trabajo realizado hasta ahora por esa entidad.

Según el estudio de Prodatos, 8 de cada 10 guatemaltecos dice conocer o haber escuchado de la Cicig. De ellos, el 87 por ciento aprueba la gestión de la entidad. En el área metropolitana la aprobación a su labor sobrepasa el 84 por ciento, y aquí 96 por ciento dice conocer o haber escuchado sobre la Comisión contra la Impunidad.

En el interior urbano la aprobación a su labor sube a 92 por ciento, siendo el área geográfica que mejor ve el trabajo de la entidad dirigida por Velásquez Gómez. En el área rural se ubica en 85 por ciento la aprobación y el nivel de conocimiento llega al 68 por ciento.

El estudio de campo incluyó la visita a 24 sectores en la capital y 98 ciudades en todos los departamentos. Mientras que se levantaban las encuestas, en el entorno nacional la Cicig presentaba un caso de corrupción en la Superintendencia de Bancos; el ataque del candidato a presidente del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón, por considerar que Cicig pretende desprestigiar a su candidato a vicepresidente, y algunos pronunciamiento en una entrevista en la cadena internacional de noticias CNN y redes sociales de parte de Velásquez.

FUENTE: Prensa Libre

En medio de una batalla legal y de declaraciones en contra de las investigaciones que efectúa, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) recibió ayer el respaldo del arzobispo metropolitano, Óscar Julio Vian, quien resaltó la importancia de la búsqueda de justicia, coincidente cuando el comisionado Iván Velásquez entre los fieles.

El arzobispo Vian instó ayer a no cesar las acciones en favor de la búsqueda de justicia.Al finalizar la misa, el religioso resaltó: “No solo hay hambre de pan, también de justicia y de paz, hambre de trabajo, de salud, todo aquello que la gente necesita y no se le da”.

El clamor popular debe continuar para satisfacer esas demandas”, instó.

Según Vian, se reunió la semana recién pasada con Velásquez, quien le manifestó el deseo de asistir a la misa dominical en la Catedral Metropolitana

El mensaje llega luego de una semana en la que el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) hizo una vigilia para manifestar su rechazo a las investigaciones de esa comisión contra los diputados Baudilio Hichos, Luis Chávez, Mirza Arreaga, Mario Rivera, Mario Yanes, Manuel Barquín y Jaime Martínez y el vicepresidenciable Édgar Barquín.

En contraparte, diversos sectores políticos y sociales dieron su respaldo a la entidad internacional y exigieron celeridad en el trámite de ocho antejuicios contra políticos, en el Organismo Judicial (OJ).

“Si bien el Ministerio Público cumple con tramitar los procesos para desmantelar las redes de corrupción, el OJ tiene una presa de antejuicios que no siguen su curso”, dijo la analista Carmen Aída Ibarra, en alusión al mensaje del comisionado y al apoyo implícito mostrado ayer por el jerarca católico.

Este retraso redunda en que estos políticos no puedan seguir siendo investigados.

En misa

Velásquez llegó ayer vestido con una franela a cuadros y pantalón de lona, y su presencia hubiera pasado desapercibida de no ser porque periodistas y fotógrafos buscaban el mejor lugar para estar cerca del colombiano.

El comisionado participó de la misa y al final observó una exposición floral adentro del templo, para finalmente salir por una puerta lateral y abordar su vehículo, estacionado frente al Palacio Arzobispal. No ofreció declaraciones a la prensa. Durante el ritual de la paz, Velásquez se volteó hacia doña Agueda de Chile, de 71 años, quien escuchaba la misa a su lado, y la estrechó de manera delicada.

De Chile es trabajadora doméstica y cuando se le preguntó quién le había dado el abrazo de la paz respondió con una sonrisa: “¡nuestro Señor Jesucristo!”. Al preguntarle si sabía quién era el hombre que la abrazó, dijo: “Un hermano”.

FUENTE: Prensa Libre

En medio de amenaza de paro en hospitales públicos y bloqueos de carreteras para este lunes, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso presentó ayer en el Ministerio Público una denuncia penal en contra del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, y Luis Lara, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, por el posible fraude en el pago de honorarios por Q20.6 millones por negociación de un pacto colectivo.

Además, el documento al que tuvo acceso Prensa Libre solicita al MP investigar posible enriquecimiento ilícito, cobro ilegal de comisiones y acciones de extorsión y coacción de parte de líderes sindicales hacia funcionarios de la cartera de Salud, bajo amenazas de paralizar servicios a los pacientes a partir de hoy.

Además de esta acción penal, el 21 de julio recién pasado Monterroso denunció en el Ministerio de Trabajo el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 2013-2015, lo que obligará a las partes a negociar un acuerdo diferente.

Posibles delitos

La denuncia presentada en la Fiscalía contra la Corrupción del MP está vinculada con la suscripción del Pacto Colectivo 2013-2015 entre las partes.

Según el oficio presentado, Villavicencio y Lara habrían cometido varios delitos al firmar un pacto lesivo a los intereses del Ministerio de Salud. Uno de ellos se refiere al establecimiento de un arancel del 10 por ciento para el pago de servicios profesionales de Franco López, por Q24 millones.

El 18 de febrero del 2014, Franco López —que asesoró el pacto colectivo vigente— recibió del Ministerio de Salud un desembolso de Q7 millones, y el segundo pago se hizo efectivo el 4 de julio de ese año, por lo que suma Q14 millones.

Las transferencias fueron autorizadas por Villavicencio cuando fue ministro de Salud.

En el Pacto se acordó que el 7 por ciento vendrían de recursos del Ministerio, y el 3 por ciento restante sería cubierto por cada trabajador, al aplicarles un descuento directo al salario, para pagarle al profesional. Parte de los pagos —Q6.4 millones— se hizo a través de las cuentas del sindicato.

Coacción y chantaje

Además de la investigación sobre el movimiento financiero, Monterroso denuncia en el MP que, con amenazas de paralizar el sistema nacional de Salud, los dirigentes sindicales le exigen la reinstalación de 28 trabajadores que fueron destituidos por haber cometido faltas administrativas que incluyen desde robo de medicamentos y tráfico de influencias hasta intento de violación a la madre de un paciente en el hospital de Amatitlán.

Además revela presiones para que se paguen viáticos con agilidad a los líderes sindicales y para que firme la derogación del acuerdo ministerial 136-2015, sobre unidades de control interno o auditoría. Monterroso pide al MP que aperciba y encamine acciones para evitar el chantaje y coacción que lleven a la paralización de los servicios de salud en todo el país.

Carlos Sanabria, líder sindical del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio, de Chiquimula, dijo ayer por la tarde que a partir de hoy, a las 6 horas, tomarían las instalaciones y que solo atenderían emergencias.

El sindicalista justificó la acción con la falta de pago a empleados y la reciente contratación de policías privados para resguardar el hospital.

Obliga a negociar

El pacto laboral firmado en el 2013 fue aplaudido por el presidente Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. El 15 de octubre de ese año, en un acto protocolario efectuado en el Hospital General San Juan de Dios, los mandatarios y el entonces ministro de Trabajo, Carlos Contreras, entregaron al dirigente Luis Lara el mencionado pacto. En esa ocasión, el representante salubrista llamó a Pérez Molina “presidente amigo”.

Casi 21 meses después, el actual ministro de Salud denunció el Pacto Colectivo en la cartera de Trabajo, lo que permite que al vencerse, el próximo 12 de septiembre, se deban negociar nuevas condiciones. El pacto laboral de Salud es el único de los contratos entre trabajadores y el Estado que incluye una cláusula para denunciar el documento un mes antes de que se venza, y permite volver a la mesa de negociación.

FUENTE: Prensa Libre

Según Monterroso, el acuerdo actual pone en riesgo al sistema de Salud. Cumplir con los acuerdos significa erogar Q1 mil 832.6 millones en medio de la mayor crisis financiera, que ha causado carencias en todos los hospitales y centros de Salud.

En medio de amenaza de paro en hospitales públicos y bloqueos de carreteras para este lunes, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso presentó ayer en el Ministerio Público una denuncia penal en contra del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, y Luis Lara, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, por el posible fraude en el pago de honorarios por Q20.6 millones por negociación de un pacto colectivo.

Además, el documento al que tuvo acceso Prensa Libre solicita al MP investigar posible enriquecimiento ilícito, cobro ilegal de comisiones y acciones de extorsión y coacción de parte de líderes sindicales hacia funcionarios de la cartera de Salud, bajo amenazas de paralizar servicios a los pacientes a partir de hoy.

Además de esta acción penal, el 21 de julio recién pasado Monterroso denunció en el Ministerio de Trabajo el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 2013-2015, lo que obligará a las partes a negociar un acuerdo diferente.

Posibles delitos

La denuncia presentada en la Fiscalía contra la Corrupción del MP está vinculada con la suscripción del Pacto Colectivo 2013-2015 entre las partes.

Según el oficio presentado, Villavicencio y Lara habrían cometido varios delitos al firmar un pacto lesivo a los intereses del Ministerio de Salud. Uno de ellos se refiere al establecimiento de un arancel del 10 por ciento para el pago de servicios profesionales de Franco López, por Q24 millones.

El 18 de febrero del 2014, Franco López —que asesoró el pacto colectivo vigente— recibió del Ministerio de Salud un desembolso de Q7 millones, y el segundo pago se hizo efectivo el 4 de julio de ese año, por lo que suma Q14 millones.

Las transferencias fueron autorizadas por Villavicencio cuando fue ministro de Salud.

En el Pacto se acordó que el 7 por ciento vendrían de recursos del Ministerio, y el 3 por ciento restante sería cubierto por cada trabajador, al aplicarles un descuento directo al salario, para pagarle al profesional. Parte de los pagos —Q6.4 millones— se hizo a través de las cuentas del sindicato.

Coacción y chantaje

Además de la investigación sobre el movimiento financiero, Monterroso denuncia en el MP que, con amenazas de paralizar el sistema nacional de Salud, los dirigentes sindicales le exigen la reinstalación de 28 trabajadores que fueron destituidos por haber cometido faltas administrativas que incluyen desde robo de medicamentos y tráfico de influencias hasta intento de violación a la madre de un paciente en el hospital de Amatitlán.

Además revela presiones para que se paguen viáticos con agilidad a los líderes sindicales y para que firme la derogación del acuerdo ministerial 136-2015, sobre unidades de control interno o auditoría. Monterroso pide al MP que aperciba y encamine acciones para evitar el chantaje y coacción que lleven a la paralización de los servicios de salud en todo el país.

Carlos Sanabria, líder sindical del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio, de Chiquimula, dijo ayer por la tarde que a partir de hoy, a las 6 horas, tomarían las instalaciones y que solo atenderían emergencias.

El sindicalista justificó la acción con la falta de pago a empleados y la reciente contratación de policías privados para resguardar el hospital.

Obliga a negociar

El pacto laboral firmado en el 2013 fue aplaudido por el presidente Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. El 15 de octubre de ese año, en un acto protocolario efectuado en el Hospital General San Juan de Dios, los mandatarios y el entonces ministro de Trabajo, Carlos Contreras, entregaron al dirigente Luis Lara el mencionado pacto. En esa ocasión, el representante salubrista llamó a Pérez Molina “presidente amigo”.

Casi 21 meses después, el actual ministro de Salud denunció el Pacto Colectivo en la cartera de Trabajo, lo que permite que al vencerse, el próximo 12 de septiembre, se deban negociar nuevas condiciones. El pacto laboral de Salud es el único de los contratos entre trabajadores y el Estado que incluye una cláusula para denunciar el documento un mes antes de que se venza, y permite volver a la mesa de negociación.

FUENTE: Prensa Libre

Según Monterroso, el acuerdo actual pone en riesgo al sistema de Salud. Cumplir con los acuerdos significa erogar Q1 mil 832.6 millones en medio de la mayor crisis financiera, que ha causado carencias en todos los hospitales y centros de Salud.