Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Chiquimula son los departamentos que están severamente expuestos a los efectos de la canícula prolongada, según informes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

 

 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) cree que habrá más de 182 mil familias afectadas por el fenómeno, que amenaza con extenderse por 20 días más, por lo que ya se prepara junto a otras instituciones de Gobierno para contrarrestar esa situación.

 

Informes

 

Los reportes de días sin lluvia y porcentaje de lluvia acumulada elaborado por la Sección de Agrometeorología del Instituto revelan que, en junio último, los cuatro departamentos mencionados, todos ubicados en el denominado corredor seco, son los más afectados por los efectos de la canícula que comenzó en la segunda quincena de ese mes.

 

El informe de días sin lluvia precisa que en zonas del sur de Jalapa y el norte de Jutiapa ya hay áreas donde no ha llovido desde hace 22 días, mientras que en la zona sur de Chiquimula y el sureste de Santa Rosa hay áreas que llevan 17 días sin precipitación. En algunas partes del corredor seco y el altiplano, que incluyen áreas de El Progreso, Baja Verapaz, Quiché, Totonicapán y Huehuetenango, la lluvia ha faltado en lapsos de entre 10 y 16 días.

 

Menos de lo normal

 

El reporte de lluvia acumulada muestra que en todo Jutiapa, la mitad de Santa Rosa y la parte sur de Jalapa y Chiquimula cayó entre 40 y 60 por ciento menos lluvia de lo que normalmente registran en precipitación. Los datos, captados en 104 estaciones del Insivumeh, revelan que la reducción de la precipitación no ha sido exclusiva de esa zona.

 

En Guatemala, El Progreso, Baja Verapaz, Chimaltenango, Quiché, Totonicapán y Huehuetenango llovió entre 60 y 80 por ciento de lo habitual. Wálter Bardales, experto en Agrometeorología del Insivumeh, explicó que según la perspectiva climática para este mes en las zonas que más ha afectado la canícula, esta podría prolongarse hasta por 20 días más.

 

En las otras zonas esta podría llegar a 15 días, por lo que no descarta que la problemática afecte principalmente a familias con cultivos de subsistencia en esas áreas del país. El experto explicó que eso se debe a que la canícula afecta a las plantaciones cuando están en una fase donde necesitan más agua.

 

“Por la época fenomenológica, se dañarán los cultivos, porque es el momento de la floración y fructificación, y es ahí cuando la planta más requiere agua, por lo que esta se ve más resentida y se somete a un estrés hídrico”, aseveró Bardales.

 

Preparación

 

El Maga informó que la previsión inicial es que la canícula prolongada afecte a alrededor de 182 mil 900 familias con pérdida de alimentos. Como parte de las estrategias que ya se implementan, esta semana entraría en el país un donativo del Gobierno de Brasil y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de cuatro mil toneladas métricas de granos básicos.

 

Donativos

 

Además, ya se gestiona otro donativo, siempre con Brasil y el PMA, de cinco mil toneladas métricas de alimentos;
La ayuda se repartirá según indiquen la Secretaría de Seguridad Alimentaria y la Vicepresidencia, pero lo más seguro es que se “inicie entre familias del oriente del país”.

 

Autoridades del Gobierno ya gestionan más ayuda con la comunidad internacional. No se pide dinero, sino específicamente alimentos para los damnificados.

 

Sequía golpeó a los pequeños agricultores

 

El año pasado, la canícula prolongada afectó los cultivos de alrededor de 236 mil familias en 208 municipios del país. Eso se tradujo en la pérdida de un millón 890 mil 559 quintales de maíz, el 80 por ciento de las siembras, y de 661 mil 695 quintales de frijol, el 63 por ciento de los cultivos, todos de subsistencia.

 

El reporte del Gobierno determinó que tres mil 814 comunidades fueron afectadas.

 

Se estimó que la reducción de ingresos de las familias afectadas sumó alrededor de Q450 millones 339 mil 649.

Esto provocó especulación y subida de precios en la provincia. La problemática fue tan grande que en algunas comunidades de Chiquimula, Zacapa y El Progreso se acabaron las reservas de alimento meses antes de lo previsto, lo que obligó a migración interna.

 

FUENTE: Prensa Libre

 

A un día para que se cierre el proceso de inscripción de candidatos en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) surgen varias candidaturas polémicas que podrían tener algún impedimento según el artículo 113 constitucional.

 

 

 

 

Ese artículo se refiere a que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

 

Algunos señalados

 

Los candidatos a puestos de elección popular Julia Maldonado, Salvador Gándara, Baudilio Hichos y Alfonso Portillo podrían quedar fuera de la contienda electoral, tomando en cuenta que muchos de ellos no llenaría los referidos méritos.

 

A pesar de que Maldonado obtuvo su finiquito por la vía del amparo, su candidatura podría ser revocada si se revierte la acción otorgada por la Corte de Constitucionalidad.

 

Maldonado busca la reelección como diputada por Libertad Democrática Renovada (Líder) y tiene un proceso penal en su contra por peculado, debido a que supuestamente utilizó para su beneficio Q3.4 millones cuando era directora del Consejo Nacional de la Juventud en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza.

 

A Portillo se le vedaría su inscripción como candidato a diputado por el Listado Nacional por parte de la agrupación Todos debido a que él ya se declaró culpable de haber recibido soborno y fue condenado por conspiración para el lavado de dinero en Estados Unidos.

 

Mientras que Hichos, diputado por Chiquimula, quien busca la reelección por Líder, fue denunciado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público de asociarse para beneficiarse de una cotización irregular por Q2 millones con una clínica del Seguro Social en ese departamento. Aparte, el exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara, busca la vara edilicia del referido municipio por la alianza partidaria Creo-Unionista.

 

El TSE anunció recientemente que no aceptará candidaturas de personas con finiquitos razonados con anotación judicial.

 

Candidatura de Arzú

 

La polémica por la que al alcalde capitalino Álvaro Arzú se le debería rechazar su inscripción en el TSE para buscar un nuevo período en el cargo es que al cumplir 70 años debe renuncia al Concejo Municipal y este determinar si acepta o no la dimisión, según el artículo 46 del Código Municipal.

 

Salvador Gándara

 

El exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva tiene pendiente dilucidar algunos señalamientos, como la remodelación de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2.

 

Julia Maldonado

 

La diputada por Libertad Democrática Renovada (Líder), quien busca la reelección, tiene un proceso penal debido a que supuestamente utilizó para su beneficio Q3.4 millones.

 

Alfonso Portillo

 

El expresidente fue declarado inocente del desvió de Q120 millones del Ejército pero se declaró culpable en EE. UU. de haber recibido soborno del Gobierno de Taiwán.

 

Baudilio Hichos

 

Diputado por Chiquimula de Líder busca la reelección, pero fue denunciado por la Cicig y el MP por asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude en un caso del Seguro Social.

 

Investigan funcionarios

 

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha anunciado que mantiene investigaciones contra más funcionarios; sin embargo, aún no se han revelado más nombres de los posibles señalados. En las últimas semanas, la entidad internacional ha destapado varios casos de corrupción que han alcanzado a altos funcionarios del Gobierno.

 

Además, la Corte de Constitucionalidad mantiene engavetado el antejuicio contra el diputado Gudy Rivera, quien fue señalado de tráfico de influencias por la misma Cicig en el caso del nombramiento de magistrados para Salas de Apelaciones por parte del Congreso.

 

FUENTE: Prensa Libre

 

La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto el amparo provisional que le había otorgado a la abogada Karen Fischer, y se reactiva el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina.

 

 

La resolución del máximo tribunal fue por mayoría, y quienes votaron a favor fueron la presidenta de la CC, Gloria Porras, y los magistrados Mauro Chacón y Ricardo Alvarado Sandoval. En el caso de Sandoval, sustituyó al magistrado Juan Carlos Medina, quien se inhibió de conocer. Mientras que los magistrados Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez

 

Aguilera votaron en contra y razonaron su voto.

 

Martín Guzmán, secretario de la CC, informó que con la resolución emitda no hay obstáculo para que la comisión pesquisidora que ya fue conformada en el Congreso de la República continúe con las diligencias.

 

Explicó que la Corte consideró que no hace aconsejable la protección de amparo que solicitó la abogada Fischer, que pretendía detener el antejuicio contra el mandatario.

 

El 18 de junio, La CC resolvió, por voto dividido, otorgar amparo provisional a la abogada Karen Fischer, con lo cual en ese momento dejó en suspenso todas las actuaciones en el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina.

 

“Se otorga amparo provisional solicitado, en el sentido de dejar en suspenso temporal, mientras se tramita y resuelve en definitiva el presente amparo, la resolución del 10 de junio de 2015 —por medio de la cual la CSJ dio trámite al

 

antejuicio contra el gobernante—”, dictó el máximo tribunal.

 

En este caso, el magistrado Roberto Molina Barreto subrayó que la CSJ no constituye un simple “pasador” de antejuicios, sino tiene que hacer un preanálisis para determinar si la denuncia que motiva el proceso de antejuicio es espuria, política o ilegítima.

 

CC no ampara a Pérez Molina

El viernes 26 de junio, los abogados del presidente Otto Pérez Molina, presentaron un segundo amparo para frenar en definitiva el proceso de antejuicio en su contra. Tres días despúes, la CC resolvió no otorgar el amparo provisional al presidente, quien accionó contra el antejuicio que promovió el diputado Amílcar Pop.

 

El argumento de los magistrados para rechazar la petición es porque las circunstancias no lo hacen aconsejable.

 

Denuncia

 

El diputado del Movimiento Político Winaq, Amílcar Pop, se presentó el 22 de mayo anterior al Ministerio Público (MP), para denunciar penalmente al mandatario.

 

El parlamentario accionó contra Pérez Molina por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento propio e incumplimiento de deberes por los casos de corrupción conocidos como La Línea e IGSS-Pisa.

 

FUENTE: Prensa Libre

En lo político y en lo jurídico, analistas pintan un panorama complejo para Otto Pérez Molina, con el Legislativo dominado por oposición.

 

Héctor Rosada Granados: Si cae él, caen los demás

De acuerdo con el politólogo y sociólogo Héctor Rosada Granados, el presidente Otto Pérez Molina se ha negado a renunciar porque no quiere perder su inmunidad y prefiere conservarla después de dejar el poder, para integrarse al Parlamento Centroamericano.

 

 

Si bien evitó opinar acerca de si el mandatario debe o no renunciar, Rosada indicó que si él estuviera en la situación del gobernante y fuera consciente de lo que hizo, renunciaría y se enfrentaría a los tribunales.

 

“No creo que —Pérez Molina— tenga la capacidad para hacerlo porque atrás de él hay muchos implicados. Si cae alguien del tamaño de él, caen todos los demás, y eso lo está pensando”, subrayó el experto.

 

Rosada trabajó con Pérez Molina en más de una ocasión. Una de ellas fue durante el proceso y firma de los acuerdos de paz, por lo que le reconoce varios méritos, pero resaltó que “hubiera esperado mucho más de él”.

 

“Otto estaba acostumbrado a que alguien lo mandara y que alguien tomara las decisiones de responsabilidades extremas, y no cabe duda de que no estaba preparado para eso. Y para cubrir esa falta de preparación respecto de la toma de decisiones estratégicas, simple y sencillamente se hizo guiar por un combo de lo más corrupto”, afirmó Rosada.

 

Respecto del avance del trámite en el Congreso, el politólogo tiene dudas, por la alianza del Partido Patriota con Libertad Democrática Renovada.

 

 

Orellana es pesimista

 

 

Para el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solo cumplió con darle el trámite a la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, porque si hubieran rechazado, “seguro se iba a ir por la vía del amparo”.

 

Según Orellana, al resolver darle trámite es evidente que la Corte descartó que la petición conlleve connotaciones políticas o espurias, por lo que procedió. “Tengo entendido que fue por unanimidad”, afirmó.

 

El abogado indicó que ahora le corresponderá al Congreso integrar la comisión pesquisidora, e “indudablemente el PP (Partido Patriota) y su aliado van a tratar de integrarla; si no lo logran hacer, buscarán cambiar el criterio. En otras palabras, lo que viene es otra danza de millones”.

El abogado constitucionalista teme que el Congreso vaya a utilizar “la táctica del calendario”, que consistiría en retrasar la discusión hasta olvidarla.

 

“El presidente dudo que tenga los arrestos y la integridad que tuvo —Richard— Nixon —exmandatario de Estados Unidos— para renunciar antes del antejuicio.

 

“Este pobre señor está obnubilado por la presión que tiene de la Embajada de los EE. UU. Yo dudo que este señor renuncie, aunque tenga 10 antejuicios encima. Que no extrañe que si la presión viene de EE. UU. , también la centren sobre el Congreso para impedir que la Comisión tome conocimiento del asunto, y aquí va a haber otras cancelaciones de visa si la Comisión obra con integridad y resuelve rápido”, finalizó.

 

Geidy de Mata: Se sienta un precedente

 

La politóloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala Geidy de Mata afirmó que el trámite del antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina implicó un gran reto al Poder Judicial y es una muestra de que nadie es superior a la ley.

 

De esa cuenta indicó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es fundamental para un sistema democrático donde se hacen efectivos los pesos y contrapesos en una república.

“El hecho de que la CSJ considere que hay elementos para que haya una investigación en contra del mandatario es significativo y fija precedente porque nadie es superior a la ley, por más presidente que sea”, enfatizó De Mata.

 

Aseguró que el precedente es para los próximos gobernantes, porque a pesar de esa investidura, sabrán que están sometidos a la fiscalización de la ciudadanía, deben rendir cuentas y tener cuidado con nombrar a sus funcionarios, quienes deben ser personas responsables y transparentes.

De Mata resaltó que ahora la presión se traslada al Poder Legislativo, no solo para que se agilice la integración de la comisión pesquisidora, sino para que también se aprueben reformas a varias leyes que demanda la ciudadanía.

 

“No hay justificación alguna para no comenzar las reformas. No solo la presión se traslada al Congreso, sino que aquí se ven los tres poderes del Estado. El antejuicio es contra el jefe del Ejecutivo, lo tramitó el Organismo Judicial, y ahora esperamos que el Legislativo esté a la altura”, dijo.

 

Carlos Molina Mencos: Renunciar por dignidad

 

“Presupongo que la Corte Suprema de Justicia encontró algún tipo de indicio para darle trámite a esta solicitud de antejuicio, y considera necesario plantear la eliminación de la inmunidad”, manifestó el abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos.

 

El profesional explicó que ahora solo quedan dos opciones: que el Congreso declare procedente el antejuicio y se vaya a un tribunal, o se desestime el proceso. Si ocurriera lo segundo, no hay apelaciones.Si el Congreso diera con lugar el antejuicio, lo que procede es pasar la denuncia que originó la petición del retiro de la inmunidad a tribunales, para que se inicie un proceso legal contra el presidente Otto Pérez Molina, detalló Molina Mencos.

 

A pesar de que se iniciaría un proceso legal contra el gobernante, perder el antejuicio no obliga al mandatario a dejar el cargo. “Solo perdió la coraza que lo protege, a menos que requiriera de alguna prisión preventiva. Lo que sí es cierto es que desprestigiaría aún más la figura del mandatario; más de lo que ya está”, explicó el experto,debilitado

 

Agregó: “El presidente en este momento está muy debilitado, pero renunciar es una decisión de él”. Según el constitucionalista, es muy difícil determinar qué sucederá porque en la historia del país no ha procedido un antejuicio contra ningún gobernante. “Si el Congreso fuera inteligente, se olvidaría de que está trabajando para un sector y resuelve de manera objetiva; no importa qué, pero tiene que estar muy bien fundamentado en Derecho”.

 

Marcio Palacios: Por dignidad, debe renunciar

 

Según Marcio Palacios, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos (Usac), la resolución de la Corte abre la puerta a una posible renuncia del mandatario.

 

“El primer escenario que planteábamos desde la Universidad era la potencial renuncia del presidente y ahora se abre más esa posibilidad. No le queda otra, por dignidad debe renunciar”, manifestó.

 

Recordó que Roxana Baldetti también atravesó por una situación similar y después de las manifestaciones en su contra decidió dimitir.

 

“Es un golpe interno para el actual gobierno, así como una crucifixión y entierro total para el Partido Patriota. Esto es histórico. Así como se logró la renuncia de Baldetti, al presidente no le queda otro camino. Debe renunciar y someterse a la justicia”, señaló.

 

Respeto al debido proceso

 

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, mencionó que “como institución somos y seguimos siendo respetuosos del debido proceso. Fue una decisión de la CSJ. Habrá que esperar los siguientes pasos”.

 

Al consultarle si era una resolución positiva o no, Zepeda se limitó a expresar: “esta es una acción más dentro de los eventos que se han venido dando desde hace dos meses. Lo más importante es que suceda lo que suceda, se fortalece la institucionalidad, el combate al contrabando y la corrupción”.

 

Trámite

 

El abogado constitucionalista Rodolfo Rohrmoserr explicó los pasos que se deben seguir a partir de la decisión de la CSJ.

“El Congreso tendrá que designar una comisión encargada de determinar si existe base o no para que el mandatario pueda ir a juicio en los tribunales comunes”, indicó.

 

Agregó que el Organismo Legislativo dictará una resolución administrativa. “No es un juicio en sí. No es sobre culpabilidad o inculpabilidad del presidente en relación a los cargos imputados, sino que es un trámite para determinar si hay base para que haya juicio ante los tribunales ordinarios”, refirió.

 

FUENTE: Prensa Libre